La respuesta del Gobierno a la denuncia contra el titular de la DGI: «Sobreseído»

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El gobierno de Javier Milei intentó minimizar este martes el escándalo de evasión fiscal que salpica al titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez. A pesar de la contundencia de las pruebas presentadas por La Nación, el vocero presidencial Manuel Adorni, afirmó en su cotidiana conferencia de prensa desde casa Rosada que «no hay nada» que deba ser investigado.

Según afirmó Adorni, el gobierno libertario no le pidió explicaciones a Vázquez por sus sociedades offshore y departamentos en Miami que jamás declaró ni ante el fisco ni ante la Oficina Anticorrupción. Recordemos que precisamente Vázquez es el encargado de recaudar impuestos y evitar casos de evasión como el que hoy lo involucran a él mismo.

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Manuel Adorni

“No hay nada que nos resulte inconsistente”, dijo Adorni, y aseguró que si hubieran encontrado alguna irregularidad, hubieran apartado al funcionario.

El vocero presidencial limitó la responsabilidad de Vázquez a responder ante la Justicia, en el hipotético caso de que los tribunales le pidieran explicaciones. Adorni no desconoció sin embargo la existencia de las propiedades en Miami -las llamó “los famosos departamentos”- ni negó que sean de Vázquez.

“Si tiene que dar alguna explicación judicial, la dará”, dijo. Hasta ahora, el actual jefe de la DGI logró eludir a la Justicia. Según Adorni, Vázquez “ya fue sobreseído”.

Sin embargo, no hay constancia de que las sociedades en Panamá con las que Vázquez compró los inmuebles en Miami hayan sido objeto de una investigación judicial en la Argentina.

TOTO CAPURO

Toto Caputo

La causa judicial en la que Vázquez fue sobreseído por el juez Ariel Lijo giraba alrededor de una cuenta bancaria en el ING Bank NV de la isla de Curazao por 442.113 dólares, fondos que habría remitido en julio de 2006 a una cuenta en el BNP Paribas de Luxemburgo. En aquella ocasión, Vázquez no informó al fisco argentino la existencia de esos activos y debió sobrellevar una investigación penal, en la que logró ser sobreseído en 2022 porque Lijo no obtuvo respuesta de Luxemburgo, Países Bajos o Curazao para verificar la existencia de esas cuentas. Ante esa imposibilidad, Lijo cerró la pesquisa.

Evasión en ARCA

Váquez, encargado de recaudar impuestos y combatir la evasión fiscal, compró a través de sociedades constituidas en el exterior tres inmuebles en los Estados Unidos por más de 2 millones de dólares que nunca declaró –ni las sociedades, ni los inmuebles– en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción (OA).

Según surge de documentos contables, societarios y bancarios que analizó La Nación junto al Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), con el apoyo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), Vázquez, nombrado por decreto por Javier Milei no declaró tres propiedades adquiridas en Miami, una de las cuales vendió, sin cumplir con la presentación ante la OA, como impone la ley de Ética Pública desde 1999.

arca

Andrés Vázquez figura como titular de las sociedades Alcorta Corp y Pompeya Group Corp, ambas radicadas en Panamá. A través de estas sociedades Vázquez compró en enero de 2013 un departamento en el exclusivo edificio Icon Brickell, en Miami, por un valor de 710 mil dólares.

Al día siguiente, la misma offshore adquirió otro departamento en la avenida Brickell 1060 por 350 mil dólares.

En tanto, en julio de 2015 compró a través de la sociedad Pompeya Group Corp una suite en el condominio Chateau Beach Residences, ubicado en Sunny Isles, por un valor de 980 mil dólares.

Posteriormente, y tras la explosión del escándalo los Panamá Papers en 2016, Vázquez insertó a la sociedad Galanthus Capital Limited, con sede en las Islas Vírgenes Británicas, como controlante de Alcorta y Pompeya. La investigación también reveló que Galanthus sigue siendo titular de las sociedades offshore panameñas y, por lo tanto, de dos departamentos en Miami, cuyo valor actual asciende a 1,69 millones de dólares.

La Ley de Ética Pública obliga a los funcionarios a presentar declaraciones juradas que incluyan la totalidad de sus bienes, tanto en el país como en el exterior. Sin embargo, en su última declaración presentada en octubre del año pasado ante la Oficina Anticorrupción, Vázquez informó la titularidad de diez inmuebles en Argentina, pero omitió cualquier referencia a las sociedades offshore y las propiedades en Miami.

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