En su última sesión del año, celebrada ayer, el consejo directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) aprobó la creación de una «unidad consultora para la modernización institucional«.
Esta unidad estará liderada por la abogada salteña Inés Liendo, secundada por el veterinario Matías Nardello, el Ing. agrónomo Luis Negruchi (AAPRESID) y el Sr. Gustavo Aguarrea.
La noticia ya se había filtrado hace unos días a los medios especializados, y puso en estado de alarma a los gremios de trabajadores estatales vinculados al área, que descuentan que la «modernización» encomendada a Liendo será similar a la que acaba de cumplir —motosierra en mano— en el ya disuelto Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI).
El temor está justificado: en menos de seis meses, Liendo desguazó el INAFCI, desafectó a más de 900 contratados (en su mayoría militantes del Movimiento Evita), recuperó 200 vehículos que el kirchnerismo usaba para sus actividades proselitistas, y cerró todas sus delegaciones en el interior del país.
No era su primera experiencia en el Estado: durante el gobierno de «Cambiemos» se hizo cargo de la gestión de compras y contrataciones del PAMI, logrando un recorte del 50% en el precio que se venía pagando por los medicamentos.
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Culminada su tarea en el INAFCI, se le encomendó organizar y poner en funcionamiento la flamante «Subsecretaria de Economías Regionales«, oficiando como escudera de Juan Pazo, el poderoso Secretario Coordinador del Ministerio de Economía, que acaba de saltar a la jefatura del ARCA.
Nunca llegó a ser nombrada en ese rol, sin embargo, porque la intención de Pazo era la que acaba de quedar confirmada: enviarla al INTA, para que replique la «limpieza» que ejecutó en el INAFCI.
La tarea, a priori, luce mucho más compleja. A diferencia del INAFCI, un ente creado por Alberto Fernández con el ostensible propósito de financiar las campañas electorales del Frente de Todos, el INTA cuenta con una historia y prestigio muy diferentes.
Creado tras la Revolución Libertadora de 1955, el INTA cuenta actualmente con unos 6.000 empleados (la mayoría con modalidad «planta permanente«), un centenar de inmuebles propios, y más de 120.000 hectáreas que dedica a la investigación agrícola, ganadera y forestal.
Su presupuesto fue de más de 170.000 millones de pesos en 2024, y si bien no hay precisiones sobre las órdenes que la «unidad consultora» recibió de Pazo, se estima que su objetivo será reducirlo –como mínimo– a la mitad.
Quienes no tardaron en advertir el peligro fueron los gremios, que inmediatamente convocaron a una marcha en las propias oficinas del INTA para oponerse a la designación de Inés Liendo y denunciar un «intento de vaciamiento«.
Desde APINTA advirtieron: «Si esta chica piensa que va a poder hacer en INTA lo que le hizo a los compañeros de agricultura familiar, se va a llevar una gran sorpresa. En INTA no sobra nadie«.
Fiel al estilo mudo que Javier Milei pide a sus funcionarios, la portadora de la ‘motosierra agropecuaria‘ se mantuvo en silencio en sus redes sociales y evitó todo contacto con la prensa, aunque las propias fuentes de APINTA confirman que ya ha desembarcado en las oficinas centrales del organismo.