La Legislatura de Córdoba analiza un proyecto de ley impulsado por el legislador libertario Agustín Spaccesi. La iniciativa, cuya letra oculta sería del Panal, busca crear un Tribunal de Casación Penal que redefiniría el esquema de poder en el ámbito judicial provincial.
La propuesta prevé la implementación del Tribunal en 2025 ya ha generado fuertes reacciones entre el Poder Judicial, académicos y sectores políticos.
Según el texto compartido, el nuevo tribunal estaría compuesto por “siete (7) miembros y contará con una (1) Presidencia, además de cuatro (4) Salas conformadas por tres (3) miembros cada una”.
Las competencias del futuro órgano serán amplias. Incluirían la casación penal y, posiblemente, la contencioso-administrativa. En el palacio de tribunales lo consideración un misíl a la línea de flotación de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), integrada por Sebastián López Peña, Aída Tarditti y Marta Cáceres de Bolatti.
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Esto podría dejar sin efecto su rol actual como tribunal de apelación, impactando en su estructura operativa y en áreas clave como la relatoría y la secretaría penal.
“La creación de un Tribunal de Casación especializado, asegurará que las decisiones sean revisadas con mayor profundidad técnica, fortaleciendo la confianza en el sistema judicial. La implementación de un Tribunal de Casación reducirá los tiempos de espera en las revisiones judiciales, permitiendo un servicio más eficiente y satisfactorio para los ciudadanos.”, dispara sin cuidado el escrito.
Críticas desde el Tribunal Superior y la Asociación de Magistrados
El presidente del TSJ, Luis Angulo, expresó preocupación por la falta de debate previo a una reforma de tal envergadura. En los pasillos que rodean el Salón de los Pasos Perdidos, afirman que todas las palabras de surjan de la máxima autoridad del TSJ es como si las dijera Schiaretti.
“No se puede hacer de un día para otro”, señaló en diálogo con Comercio y Justicia Angulo, y estacó la necesidad de involucrar a instituciones como universidades y la Academia Nacional de Derecho en la discusión. Además, cuestionó que el proyecto no contemple el concurso como mecanismo de selección de los magistrados del tribunal propuesto, lo que podría afectar la independencia judicial.
“Más allá de las particularidades del proyecto, en un tema de trascendencia institucional como este, lo primero que hay que decir es que no se puede hacer sin un debate y un análisis profundo. No se puede hacer de un día para otro”, expresó.
“En este debate deben intervenir las universidades, la Academia Nacional de Derecho, el Poder Judicial y la Asociación de Magistrados. Córdoba es cuna de grandes juristas en todos los fueros, por lo que es fundamental contar con sus aportes en el marco de la democracia”, amplió el presidente.
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En la misma línea, la Asociación de Magistrados de Córdoba, a través de su presidenta Silvana Chiapero, advirtió que la exclusión de concursos “conspira contra la posibilidad de que los magistrados de carrera accedan democráticamente a esos cargos”. En un comunicado, la entidad instó a un debate amplio y destacó la importancia de considerar la experiencia de los actores judiciales en estas decisiones.
“Es evidente que Martín (Llaryora) se dejó llevar por algunos operadores”, afirmó un exfuncionario schiarettista, subrayando que esta jugada podría fortalecer a la oposición, liderada por Luis Juez.
Reformas en el Ministerio Público Fiscal y la Defensa
Paralelamente, el Gobierno provincial avanzó con nombramientos estratégicos en el Ministerio Público Fiscal. El reconocido penalista Alejandro Pérez Moreno, cercano al gobernador Martín Llaryora, asumirá como fiscal General Adjunto, con el objetivo de impulsar el Plan de Gestión Territorial del Conflicto Penal, presentado en 2023 pero considerado estancado por el Ejecutivo.
En cuanto al Ministerio Público de la Defensa, se oficializó la creación de una cúpula de cinco altos funcionarios, duplicando los cargos previstos inicialmente. Esta estructura liderará un cuerpo de 89 defensores oficiales, en un contexto donde el plan territorial de reformas judiciales continúa con demoras.
El impacto presupuestario de la justicia en Córdoba
El sistema judicial provincial consume el equivalente al 5,4% del presupuesto total, con $403.379 millones destinados este año a salarios y operación. Este monto incluye los gastos del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, estructuras que se han ampliado en las últimas décadas tanto en lo operativo como en lo político.
La ampliación de competencias y jurisdicciones que propone el proyecto también generó suspicacias en áreas como la Sala Contencioso-Administrativa, integrada por Tarditti, Domingo Sesín y Luis Rubio. De aprobarse, el nuevo tribunal podría definir casos de alto impacto político, incluyendo juicios contra el Estado y municipios.
Debate en 2025
Aunque el proyecto aún está en etapa preliminar, su tratamiento en la Legislatura promete abrir un extenso debate que involucrará a distintos sectores. Tanto desde el ámbito judicial como político, se anticipa una discusión polarizada sobre el alcance y las consecuencias de esta reforma judicial en Córdoba.