El Gobierno ha revelado recientemente que ha gastado más de US$ 300 mil en la protección de Fabiola Yañez, ex primera dama y actual residente en Madrid. Este anuncio ha generado una intensa controversia sobre el uso de fondos públicos para la protección de figuras políticas y sus familiares, especialmente en un contexto de crisis económica y austeridad en el país.
La protección de Fabiola Yañez fue asignada por orden judicial tras la denuncia de violencia de género que presentó contra el expresidente Alberto Fernández. Según el Gobierno y Fernando Soto, Director Nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, dos agentes de seguridad argentinos fueron seleccionados para esta misión específica debido a su experiencia y disponibilidad.
El costo mensual de cada agente asciende a 18.000 euros, considerando salario, alojamiento, alimentación y otros costos. En total, el Gobierno ha gastado más de US$ 300 mil en aproximadamente seis meses. El anuncio ha suscitado diversas reacciones en el ámbito político y social.
Desde el espacio político La Libertad Avanza, liderado por el presidente Javier Milei, se ha anunciado un proyecto de ley para limitar la asignación de custodias financiadas con fondos públicos a exmandatarios y sus familias fuera del país.
La diputada Marcela Pagano, a través de su cuenta de X, expresó su intención de presentar un proyecto de ley para eliminar las custodias en el exterior de exmandatarios. Actualmente, el Ministerio de Seguridad está elaborando un informe de riesgo requerido por el juez Julián Ercolini para decidir si se debe mantener la custodia.
Fernando Soto ha subrayado que no perciben un riesgo vigente para Fabiola Yañez y que mantener esta protección sería innecesario y costoso si no hay peligro real. Sin embargo, cualquier cambio dependerá de una decisión judicial.
Polémica
La polémica se intensificó tras la difusión de videos que muestran a Fabiola Yañez celebrando Año Nuevo en un exclusivo restaurante de Madrid, donde el menú por persona costaba 250 euros e incluía bebidas premium.
Este hecho ha generado críticas sobre el uso de recursos públicos para financiar la protección de una figura política en el extranjero, especialmente en un contexto de crisis económica en Argentina. En respuesta a la controversia, desde La Libertad Avanza se está preparando un proyecto de ley para recortar la custodia a la que acceden los exmandatarios y sus familias una vez que salen de Casa Rosada. Este proyecto busca limitar el uso de fondos públicos para la protección de figuras políticas en el extranjero y garantizar una administración más eficiente y transparente de los recursos del Estado.
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