Con un total de $2.289.297.660.116 proyectados para el próximo ejercicio fiscal, el incremento del gasto se calcula en un 35%, del cual más del 60% lo representan salarios estatales. No es necesario explicar que de trata de un nuevo presupuesto de ajuste, sostenido por clips de oficina y que volaria por los aires al menos viento, y en la Patagonia el viento es una constante.
Si contemplamos, por otra parte, que solo el 25% de los ingresos lo representan las regalías petroleras y que la recaudación impositiva provincial es del 30%, dependiendo de otro 30% coparticipable con Nación, se entiende que actualizaciones presupuestarias como la de agosto pasado sean más que previsibles. Pero también que la recaudación no tiene relación con el incremento productivo, sino con una carga fiscal regresiva que beneficia a los grandes propietarios y empresarios.
La endeble estructura recaudatoria provincial, se complementa con la promesa de nuevas Zonas Francas y mayores “estímulos a la inversión”, es decir, rebajas impositivas a empresas. Pero para asegurar el funcionamiento de la vaciada obra social provincial, los aportes a SEROS de cada asalariado y asalariada tendrán un incremento del 50%. Pagan los de abajo la fiesta de los de arriba cada vez que el gobierno ajusta.
No falta la tradicional “reducción del gasto político”, como si la sangría de la provincia fuera producto de las propiedades que compra la corrupción de los funcionarios, y no de la entrega del patrimonio y el saqueo de los bienes comunes provinciales que genera esa corrupción. Por caso, mientras se habilitan “estímulos a la inversión” como el RIGI y “condiciones de competitividad”, empresarios como Alvarez Castellanos se pavonean orondos de violar convenios colectivos y derechos laborales romanos mpiendo obreros y saqueando nuestro mar.
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Cuesta creer que la habilitación del debate de este presupuesto en la Legislatura el Chubut el próximo jueves 19 de diciembre, guarde alguna relación con la realidad que vivimos lxs trabajadores. Sin ir más lejos, la oferta hecha a los sindicatos docentes la semana pasada es una verdadera ofensa al sentido común cuando el propio gobierno proyecta una inflación ficticia del 18,4%.
Más deuda
En el presupuesto se autoriza al Ejecutivo a endeudarse y a reestructurar la deuda. Cómo plantea Marcelo García en EES, “una de las claves para alcanzar los resultados proyectados se basa en la reducción en los pagos de los intereses de la deuda, para lo cual el Gobierno provincial abre la posibilidad de renegociar el endeudamiento existente en la búsqueda de alguna mejora en sus condiciones […] Vale recordar además que la actual gestión de Torres ya obtuvo este año en la Legislatura la autorización para emitir nueva deuda por un monto total de 200 millones de dólares, y aunque aún no salió al mercado y no habría que descartar que lo haga en el 2025 con riesgo país mucho más bajo que ubica la tasa de interés en valores que rondan el 7% anual en dólares”.
Los U$S 106 millones pagados este año con el ajuste brutal que Torres descargo sobre Chubut a la par del ajuste nacional criminal de Milei, fueron la garantía para conseguir nuevas líneas de endeudamiento. La continuidad con la política de Arcioni en materia de deuda es evidente en el hecho de que son nuevamente las regalías petroleras la garantía de pago.
Este año se pagaron $138.183 millones en concepto de deuda, lo que equivale al 15% del gasto provincial, mismo porcentaje que se pagara en 2021. Otra continuidad entre la administración de Arcioni y Torres, que se suma al apoyo del siempre presente “Loma” Ávila y la presencia en el gobierno de funcionarios como Meiszner o Papaiani. De la casta lo peor.
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El acuerdo de fondo que toda la casta política provincial y nacional, es asegurar a los “dueños de todo” que su propiedad no solo no estará amenazada, sino que se incrementará exponencialmente como lo viene haciendo sistémicamente desde 2017 con “Estado presente”o canibalismo de mercado. Una enorme transferencia de riqueza a los bolsillos de un cuñado de millonarios como Madanes o Alvarez Castellanos, a costa de la miseria y el hambre del pueblo trabajador.
La propuesta del Frente de Izquierda ante este panorama, implica poner en pie un programa de otra clase. La ruptura con el FMI y el desconocimiento soberano de la deuda, que perpetúa la pobreza y el ajuste, mientras beneficia a especuladores y al capital financiero internacional, es el puntapié para iniciar un camino que nos saque de la senda de decadencia y crisis permanente al que nos somete cada gobierno desde la dictadura genocida.
El incremento de la deuda en 2024, a pesar de la ausencia de déficit fiscal, demuestra que el problema central no son los gastos del Estado, ni siquiera el “costo de la casta”, sino el sostenimiento de una estructura que prioriza los intereses del capital sobre los derechos de las mayorías. Es hora de repensar este modelo y apostar por una economía planificada democráticamente desde abajo, que priorice las necesidades del pueblo y no los intereses del FMI y los grandes empresarios.