María Julia Cordero fue oficializada este miércoles al frente de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) por el Gobierno, cargo en el que se venía desempeñando hasta el momento como interventora. La decisión será reglamentada mediante la publicación del decreto en el Boletín Oficial.
Dicha medida se dicta teniendo en cuenta que «se dispuso la intervención de la ANAC, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, por el plazo de 180 días corridos y se designó interventora a la doctora María Julia Cordero«.
Bajo ese marco, a Cordero «se le encomendó una serie de acciones tendientes a relevar el estado de situación y promover una reorganización funcional que permita el adecuado cumplimiento de la misión institucional del citado organismo».
«Dado que en el término citado la intervención ha cumplido acabadamente con todos los objetivos encomendados, mediante la regularización y sistematización de las funciones de la ANAC, no se considera necesaria su prórroga», por lo que «se propicia la designación de la doctora María Julia Cordero en el cargo de Administradora Nacional de la ANAC», continúa.
La resolución llega a puerto un día antes de que venciera el plazo de la intervención, y una semana antes de la llegada de una misión de la OACI en el marco de su Programa Universal de Auditorías para la Seguridad Operacional (USOAP), que se instalará en el Aeroparque Jorge Newbery para analizar los cambios realizados y así evaluar si el país sigue ostentando la Categoría 1.
En ese sentido, la evaluación previa a la llegada de la nueva administración fue desfavorable y puso en duda la continuidad de la Categoría 1, con los perjuicios que eso llevaría a la actividad aerocomercial en el país, lo que derivó en la decisión gubernamental de determinar la intervención del organismo para trabajar en la corrección de los problemas y mantener el status actual.
Irregularidades a partir de la intervención
Una vez a cargo de la intervención, Cordero detectó una serie de irregularidades tras una auditoría y diagnóstico de la situación realizado a partir de la decisión tomada en julio por el Gobierno de intervenir el organismo.
Mediante un comunicado, había detallado que se reveló »una estructura inadecuada y sobredimensionada del organismo, discrecionalidad en la aplicación de fondos e ineficiencias en la utilización de recursos», y que además »se detectó una falta de control en procesos, burocratización en los procedimientos y una falta de gestión en materia de fiscalización y prestación de servicios, entre otras observaciones que resulta necesario encauzar».
En el informe describieron que, al momento de la intervención, la ANAC presentaba una deuda de $3.131.700.676, heredada de la gestión del Gobierno anterior, una deuda que está siendo analizada: «Las deficiencias en la administración de recursos se expresan principalmente en el manejo de su patrimonio, siendo su flota un punto crítico: el organismo cuenta con 14 aeronaves, valuadas en su totalidad en aproximadamente un millón de dólares, que no se utilizan o están cedidas. La mayoría no vuela hace más de 5 años», explica. Algunas de estas naves estaban cedidas o descuidadas en distintos aeropuertos, donde sufrieron deterioro por la falta de mantenimiento.
Además, detallaron la falta de mantenimiento de autobombas y ambulancias, comprometiendo la seguridad de los aeropuertos; compras irregulares de 350 computadoras por un total de u$s1.225.000, que luego se amplió en 122 computadoras más que costaron u$s427.000 y que nunca ingresaron al organismo; alquileres injustificados, como las 84 cocheras para una flota de solo 18 autos; y la emisión indiscriminada de 600 tarjetas de combustible.
Por último, mencionaron una estructura inadecuada y sobredimensionada con 103 cargos jerárquicos y 68 departamentos o gerencias, además de que de las 63 propiedades de la entidad, al menos 33 estaban ocupadas de manera irregular.
»A raíz de estos hallazgos, ya se recortaron 40 cargos jerárquicos, se cancelaron las tarjetas de combustible sin una asignación operativa específica y se devolvieron casi todas las cocheras. Como ya se dijo muchas veces, no hay lugar para el despilfarro de recursos públicos».